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Alejandra Flores y aprobación de norma transitoria de derechos sociales: "fue lo que movilizó a nuestro país

Publicado: Domingo 5 de junio de 2022

Luego de que las y los convencionales presentaran el borrador de la nueva Constitución en la región de Antofagasta, donde comenzaron a sesionar las comisiones de Preámbulo, Normas Transitorias y de Armonización, y de que los y las convencionales retomaran el trabajo territorial en sus respectivos distritos, la Convención Constitucional volvió a sesionar en su Pleno número 106 para deliberar y votar el primer informe de la Comisión de Normas Transitorias y el quórum de votación para aprobar el preámbulo de la nueva Constitución. En dicha instancia, la convencional Alejandra Flores celebró la aprobación del artículo primero transitorio aprobado en esta jornada que plantea la derogación de la Constitución Política de la República de 1980 a partir de la entrada en vigencia de la nueva Constitución, desde la fecha de su publicación en el Diario Oficial dentro de los diez días siguientes a su promulgación. “Por fin, dejaremos atrás la Constitución de la dictadura que tanto dolor le ha causado a nuestro país, profundizando la injusticia y desigualdad entre chilenos y chilenas”, indicó, resaltando además la aprobación de normas transitorias referidas a derechos sociales “la falta de derechos sociales como educación, salud, vivienda, trabajo fue lo que movilizó a nuestro país y posibilitó este histórico proceso Constituyente, hoy aprobamos la priorización de su implementación”. En una sesión que se extendió por más de 12 horas, el pleno de la convención aprobó las primeras normas transitorias para la implementación de la nueva Constitución. Una de las primeras que superó la barrera de los 103 votos (dos tercios del pleno), fue la norma que establece que la paridad de género “será aplicable a los órganos colegiados de elección popular a partir del proceso electoral nacional, regional y local que se lleve a cabo inmediatamente después de la entrada en vigor de esta Constitución”, mientras que “para los órganos colegiados que no se renuevan mediante procesos electorales, así como para los directorios de las empresas públicas y semipúblicas, la regla de paridad deberá implementarse de manera progresiva”. Finalmente el artículo explicita que “corresponderá a la Contraloría General de la República velar por el cumplimiento de la paridad de género en los órganos directivos y superiores de la Administración del Estado”. También se aprobó que el Presidente de la República, en un plazo de 18 meses, deberá presentar un proyecto de ley para modificar la Ley Sobre Garantías y Protección Integral de los Derechos de la Niñez y Adolescencia para incorporar en esta los mecanismos de prevención, prohibición y sanción de la violencia contra la niñez y las demás adecuaciones aprobadas en el borrador de nueva Constitución. En esa misma línea, el presidente deberá presentar proyectos de ley que “tengan por objeto la creación, adecuación e implementación de los siguientes sistemas; Sistema de Seguridad Social y Sistema de Cuidados en el plazo de 12 meses, Sistema Nacional de Salud en el plazo de 18 meses, y Sistema Nacional de Educación, Sistema de Educación Pública y Sistema Integrado de Suelos Públicos en 24 meses”. Cabe destacar que estos plazos se contarán desde que entre en vigencia la nueva Constitución. En cuanto al sistema laboral, el Pleno aprobó que en un plazo de 18 meses el presidente deberá presentar un proyecto de ley que “adecúe la legislación laboral, según lo dispuesto en el artículo 12 del capítulo sobre Derechos Fundamentales”. Dicho artículo sobre el Derecho a la libertad sindical que ya es parte del borrador de nueva Constitución dice, entre otras cosas, que “este derecho comprende el derecho a la sindicalización, a la negociación colectiva y a la huelga. Las organizaciones sindicales son titulares exclusivas del derecho a la negociación colectiva, en tanto únicas representantes de trabajadores y trabajadoras ante el o los empleadores” y que la Constitución “asegura el derecho a la negociación colectiva. Corresponderá a los trabajadores y trabajadoras elegir el nivel en que se desarrollará dicha negociación, incluyendo la negociación ramal, sectorial y territorial. Por otro lado, resguardando el empleo y estabilidad laboral de los funcionarios de servicios u órganos del Estado, cuyo entidad empleadora cese o cambie de funciones, el Pleno aprobó que continuarán desempeñando sus labores a través de una norma provisoria que establece que “mantendrán los mismos derechos y obligaciones reconocidos por la ley y sus estatutos”, y no aplicará “en caso alguno” a autoridades elegidas por votación popular.

 
 

Ante eso, la convencional perteneciente a la Asociación Nacional de Mujeres Rurales e Indígenas ANAMURI, Alejandra Flores Carlos, dijo que “el trabajo de la comisión de normas transitorias consideró las demandas sociales y de trabajadores y trabajadoras, por lo que son positivos y prudentes los plazos aprobados para comenzar a implementar los cambios institucionales para la consagración de los derechos sociales en nuestro país. También estamos muy felices por el mandato que se da al Estado para incluir de manera progresiva la paridad de género en los organismos del Estado, los cambios en las materias laborales y una de las urgencias y deudas más complejas para el país, como es la niñez”.

A pesar que se aprobaron algunos temas claves del primer informe de la Comisión de Normas Transitorias, también artículos fundamentales para la implementación de esta Constitución fueron rechazados y devueltos a la comisión para su revisión, como el que establecía un quórum de dos tercios al actual Congreso para modificar los artículos de la nueva Carta Magna hasta la vigencia de los artículos de reforma el 11 de marzo de 2026, al respecto, la convencional manifestó que “la ciudadanía mandato a la Convención para realizar los cambios propuestos. Si el Congreso y el Senado van a tener posibilidad de realizar cambios durante el periodo de implementación, es de toda justeza y lógica que utilicen el mismo quórum que se impuso a la Convención de forma provisoria. Cuando se implemente la Cámara de las regiones y la Cámara de Diputados y Diputadas según la propuesta hecha por la Convención, pueden regir el nuevo quórum”, finalizó. Una causa muy demandada por la ciudadanía es la que se refiere a las pensiones de gracia vitalicias que existen para las y los ex presidentes. Si bien en la comisión se rechazó la indicación que proponía dar término inmediato a dichas pensiones, se renovó en el pleno dicha indicación, pero nuevamente la norma no fue aprobada y fue devuelta a comisión con 80 votos a favor, 33 en contra y 14 abstenciones. Las y los convencionales de la región de Tarapacá, Alejandra Flores, Wilfredo Bacian, Hugo Gutiérrez e Isabella Mamani votaron a favor, mientras que Álvaro Jofré, se abstuvo.

Al respecto, la convencional Alejandra Flores lamentando la no aprobación por el Pleno, expresó que “La crisis de representación política es más que evidente y el mandato que tenemos como constituyentes es claro contra la desigualdad, los abusos y los privilegios. Espero que parte de la clase política que optó por no aprobar, reflexione y esté más en sintonía con la gente común”. Finalmente, cabe destacar que también fueron devueltas a la comisión para su reformulación los artículos 36, 37 y 38 sobre la implementación de la Agencia Nacional del Agua y los consejos de cuencas, la modificación de los derechos de aprovechamiento de aguas, y la redistribución de caudales de las cuencas.

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