En las últimas semanas se han instalado nuevamente en el debate público opiniones tendientes a reformar el Tribunal Constitucional, en cuanto a su supuesto rol como “tercera cámara”. Así lo indicó el Presidente del Senado entre otras autoridades. En tal sentido, quisiéramos expresar algunas nociones jurídicas en cuanto a la efectiva necesidad de reformar a dicho órgano. En cuanto al carácter contramayoritario del TC, esta crítica se levanta frente a la jurisdicción constitucional en todos los sistemas, no es exclusiva de Chile. La tensión del TC con la democracia no desaparece por el reconocimiento de su importancia dentro de los frenos y contrapesos, requiere de más elementos que lo sustenten. La intensidad de la objeción democrática depende del modo de organización de la justicia constitucional en un sistema. Es por ello que, las modificaciones deben tener como eje central la reformulación de los mecanismos de integración del Tribunal. Discrepar con las sentencias no es un argumento serio en contra de la institución. La crítica más bien se trata del progresivo abandono del tribunal del criterio de presunción de constitucionalidad de la ley y deferencia al legislador democrático. Argumento que fuese reafirmado por el Presidente del Tribunal Federal alemán en su visita a nuestro TC el 2018. En consecuencia, las eventuales modificaciones deberán velar porque las atribuciones del Tribunal, se apeguen a tales parámetros y analizar con profundidad el alcance del control preventivo. La necesidad de racionalizar el poder y las atribuciones del TC ha sido reconocida transversalmente por los sectores políticos y la academia. Lo responsable es profundizar este debate, sin sobre simplificar una discusión que es compleja. Así podremos llegar a los acuerdos necesarios para su reforma.